El Sr. V, veterano del Ejército y del Cuerpo de Marines, tenía órdenes de arresto en cinco jurisdicciones y se enfrentaba a pagar miles de dólares en multas y costas judiciales. Su carné de conducir había sido suspendido. Con tantas órdenes de arresto pendientes en su historial, el Sr. V no podía encontrar trabajo ni alquilar un apartamento. Aunque tuvo la suerte de ser alojado en un programa de transición para veteranos, esperaba el día en que pudiera mantenerse a sí mismo.

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Una abogada del Ministerio de Asistencia Legal Católica trabajó los casos uno por uno. En tres tribunales municipales, donde el Sr. V ya se había declarado culpable, logró reducir las multas de un total de 1.480 $ a 450 $ con la promesa de que realizaría 40 horas de servicio comunitario. Los dos casos restantes también se resolvieron, lo que le evitó que se le impusieran 16 puntos en su carné de conducir.