St. Francis Community Services se une a grupos de defensa para cuestionar a la alcaldesa de St. Louis sobre el desplazamiento de personas sin hogar

St. Francis Community Service capacita a personas y familias multiculturales para mejorar sus vidas.

St. Louis, Mo. — En una carta dirigida a la alcaldesa de la ciudad de St. Louis, Lyda Krewson, ArchCity Defenders (ACD),
la Clínica de Litigios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Saint Louis (SLU) y el Ministerio Católico de Asistencia Legal de St. Francis Community
Services (SFCS-CLAM) expresan su preocupación por el desplazamiento
de miembros de la comunidad local sin hogar por parte del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis
(SLMPD) durante el fin de semana del All-Star de la NHL. La expulsión de personas sin hogar de algunas zonas del
centro es uno de los casos más recientes en la problemática historia de la ciudad en cuanto a la vigilancia policial de los pobres
y la violación de los derechos de las personas sin hogar. La carta también destaca el continuo fracaso de la ciudad a la hora de
proporcionar refugio seguro y habitable y servicios básicos a sus residentes.

“La ciudad de St. Louis define la seguridad pública en relación con su policía, tribunales y cárceles, invirtiendo en
la criminalización de los pobres y las personas sin hogar en lugar de financiar adecuadamente servicios básicos como
viviendas asequibles, atención médica y transporte público. Como resultado, la ciudad gasta millones en
arrestar y encarcelar a sus residentes, en lugar de proporcionar los servicios sociales que abordarían
sus necesidades subyacentes”, afirmó John Bonacorsi,
abogado de ArchCity Defenders y becario Skadden.

Durante el fin de semana del All-Star de la NHL, ACD, SLU y SFCS-CLAM recibieron informes de que los agentes del SLMPD
obligaron a los residentes sin hogar a abandonar sus refugios, lo que provocó que muchos perdieran
documentos personales importantes y pertenencias en el proceso. La carta del grupo plantea preguntas
sobre la conducta de la ciudad y si esta y el SLMPD cumplen con acuerdos legales previos
que exigen a la ciudad proporcionar refugio y servicios a las personas sin hogar, y prohíben a la
policía atacar indebidamente a las personas sin hogar con el desplazamiento o el arresto.
“Nuestra representación directa de clientes sin hogar en los tribunales de la ciudad nos ha mostrado de primera mano cómo una
red de infracciones menores puede llevar a penas de cárcel, pérdida de propiedades y traumas”, dijo Karen
Wallensak, directora ejecutiva de St. Francis Community Services. “Nuestros clientes, la mayoría de los cuales
son veteranos, están haciendo todo lo posible por recuperarse. Pedimos a la alcaldesa que investigue estas prácticas deshumanizadoras y trabaje para crear un sistema municipal
donde todos sean valorados”.

La carta pregunta directamente a la alcaldesa si la ciudad cumple con dos importantes
acuerdos legales que firmó: el decreto de consentimiento Graham v. Schoemehl y el acuerdo de conciliación Johnson
v. Board of Police Commissioners. Según Graham, la ciudad acordó
“proporcionar el refugio y los servicios necesarios para las personas sin hogar”. En Johnson, la ciudad reconoció que
las personas sin hogar tienen derecho a una serie de derechos y protecciones, y que el SLMPD tiene
prohibido arrestar, detener o interrogar a personas que se cree que están experimentando
la falta de vivienda y ordenar a las personas que se trasladen de un lugar donde tienen derecho a estar.

Los firmantes han representado durante mucho tiempo a clientes, presentado demandas y abogado por políticas para defender
los derechos de los residentes locales sin hogar. En 2017, ArchCity Defenders y la Clínica de Litigios de la Facultad de Derecho de la SLU
presentaron una demanda contra la ciudad de St. Louis para impugnar el plan de la ciudad de
almacenar a personas sin hogar en el edificio de control de malezas de la División Forestal tras el
cierre del refugio New Life Evangelical Center de Larry Rice.

Esta carta representa los esfuerzos más recientes del grupo para concienciar sobre el trato de la ciudad
a las personas sin hogar y exigir responsabilidades a los funcionarios locales por sus obligaciones legales y éticas. La
carta pide a la alcaldesa que responda antes del 31 de marzo. Se puede encontrar una copia de la carta aquí.